La proposición no de ley, presentada por el Partido Poular, insta a “prolongar la suspensión de la aplicación” de esta normativa y abordar “una revisión y readecuación en profundidad y proporcionada” de la misma, en compañía de los subsectores turísticos más afectados, “considerando su falta de viabilidad y potenciales efectos negativos para la capacidad organizativa y la realidad operativa de nuestras empresas turísticas, así como los notables perjuicios que se ocasionarían a los intereses turísticos españoles en el caso de producirse la entrada en vigor prevista a partir del próximo 2 de diciembre.”

Además, se hace especial mención “a la exclusión de los viajes corporativos, el turismo de eventos (MICE) y los grupos, para los cuales el cumplimiento resulta inviable según lo expresado reiteradamente por las organizaciones más representativas del sector.” Sin embargo, no se menciona la exclusión de las agencias de viajes, que también se ven afectadas por la normativa y que han sido uno de los sectores más beligerantes con el RD.

Por otro lado, la votación del Congreso también busca “revisar las obligaciones de recolección de datos financieros exigidos por el Real Decreto para asegurar su compatibilidad con las normativas de protección de datos europeas, como la Directiva PSD2 y el Reglamento (UE) 2018/389, que limitan el acceso a datos encriptados y protegen la privacidad del cliente.”